Hola, soy integrante de Geoide Revolución,
un colectivo de geógrafos que participan en el co-gobierno de la carrera de
Geografía de la UBA ,
representando a la mayoría del claustro estudiantil. También participamos de la Mesa por la Urbanización
Participativa de la
Villa 21-24 y en bachilleratos populares de nuestra ciudad.
Antes
que nada, quiero aclarar que vamos a hablar del paquete de leyes en general,
porque el desglose de salas complicó lo que queríamos decir.
Desde
nuestra organización, creemos que este paquete de leyes, acordado entre el PRO
y el Frente para la Victoria ,
resulta positivo solo marginalmente para el pueblo trabajador de la ciudad, que
se ve en las viviendas que pretenden construir bajo el Plan Procrear y la
supuesta intención de utilizar los fondos generados por la venta de los
terrenos ferroviarios para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En gran
medida, estos contribuyen a estimular una forma de construir y de apropiar la cuidad
a la medida de los grandes capitales inmobiliarios, encargados de desarrollar
las playas ferroviarias, generado una ciudad para los sectores de altos
ingresos que la puedan pagar, apropiándose privadamente de las ventajas y
beneficios que la ciudad le incorpora a los emprendimientos.
La
mayor parte de estos proyectos significan un remate de tierras públicas en
beneficio de unos pocos grupos de gran incidencia en el mercado de inmuebles
local y nacional. De esta manera, se ignoran las problemáticas más urgentes de
la ciudad, como la crisis ambiental, la urbanización de las villas, la falta de
una política de vivienda integral, la falta de políticas dirigidas a mejorar la
educación, el estado de las escuelas y hospitales públicos, por citar solo
algunas necesidades.
Un
claro ejemplo de esto es que se sigue sin materializar la urbanización de la Villa 31-31Bis de Retiro. El
PRO desconoce el proyecto de urbanización realizado por los vecinos de la
villa. Diputados de la ciudad y técnicos de la Facultad de Arquitectura
de la UBA –fijado
en la Ley 3343–
pretenden –a cambio de la concesión de parques para el Plan Maestro– urbanizar
la villa con un proyecto propio.
El kirchnerismo,
por su parte, en diez años de gobierno no ha contribuido en grado significativo
a mejorar las condiciones habitacionales del creciente número de habitantes de
las villas y asentamientos del sistema urbano argentino, mucho menos en dar el
salto cualitativo hacia una política urbana integral, superando la mera
política de vivienda que es insuficiente, ya que solo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hay más de 160 mil personas que continúan viviendo en villas de
emergencia, con muy poca expectativa de urbanización en el corto plazo.
Entre
los proyectos aprobados el 1º de noviembre de este año, la creación del
Distrito de las Artes resulta paradigmática de la lógica sobre la que se piensa
la ciudad. Dicha ley contempla el desarrollo de un Polo del Arte en un área de La Boca , San Telmo y Barracas,
en donde las empresas e instituciones de la rama que se instalen serán
favorecidas con exenciones impositivas y facilidades de inversión; por ejemplo,
exención de ingresos brutos y del ABL por diez años, créditos blandos del Banco
Ciudad, etcétera.
Esta
ley está realizada, lisa y llanamente, para favorecer a empresas privadas y
espera que el mercado genere las externalidades positivas en el resto de la
economía y en el territorio. ¿Quiénes son los sujetos que capitalizarán tales
externalidades? Es decir, ¿para quiénes son positivas?
Por otra parte,
la ley no contempla ni regula los cambios en los usos del suelo, es decir, que
se valoriza un territorio con muchas especificidades –población de bajo poder
adquisitivo, regímenes de tenencia de vivienda precario, presencia de
conventillos, casas tomadas, etcétera– para una rama de la economía en
particular, dejando la puerta abierta a los desalojos, el recambio poblacional,
la desarticulación de las actuales redes sociales y económicas barriales,
etcétera. O sea, nuevamente y como es de costumbre, se permite que sea la
lógica económica de la burguesía quién defina cómo, quién y para qué se apropia
de la ciudad y de las ventajas irreproducibles –económicas y sociales– que
existen en ella, desposeyendo a la clase trabajadora del derecho a vivir
dignamente en la Ciudad
de Buenos Aires.
Como dijimos
anteriormente, la mayor parte de estas leyes están hechas a medida de los
especuladores inmobiliarios, entre ellos, el Grupo IRSA, liderado por Eduardo
Elsztain, cuyo patrimonio al 2010 se estimaba que alcanzaba los 16.520.000 metros cuadrados
en la Ciudad
de Buenos Aires entre edificios, shoppings
y terrenos.
El gran proyecto
propuesto por IRSA que se pretende debatir también aquí supone una inversión de
más de 900 millones de dólares en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors,
Solares de Santa María, que tiene una capacidad para 15 mil personas e incluirá
16 torres de viviendas de más de 50 pisos, embarcaderos, un hotel y un centro
comercial, entre otros detalles suntuosos. Lo que surgió como un terreno de uso
público, pasó a ser una mercancía adquirida por IRSA para un gran proyecto
inmobiliario: un barrio cerrado.
Tanto el
Gobierno Nacional como el de la ciudad muestran interés por la aprobación del
proyecto. Por su parte, a cambio de la sanción de la ley, IRSA le pagará al
Gobierno de la Ciudad
la suma de 15 millones de dólares respecto de la ganancia de 400 millones de
dólares que obtiene; es decir, una “coima” legal, ya que IRSA es dueño de las
tierras y solo necesita la rezonificación. El PRO anuncia que los utilizará
para urbanizar las villas, pero no está especificado en ningún proyecto de ley
con mecanismos técnicos y normativos que aseguren dicho destino para los fondos
recaudados.
Es por todo esto
que creemos que los proyectos en cuestión no solo contribuirán a engrosar el
patrimonio de grandes empresas privadas, sino que legitimarán y seguirán
consolidando a los grupos inmobiliarios como actores hegemónicos de la
construcción de la ciudad.
De acuerdo con
todo lo expuesto y para cerrar la intervención, como militantes y ciudadanos de
Buenos Aires, quisiéramos que los señores diputados dieran cuenta de lo
siguiente. Con la rezonificación de la Comuna 8, que implica la concesión de grandes
espacios verdes de los distintos barrios –Parque Roca, Autódromo y Parque de la Ciudad –, se supone financiar la urbanización de villas
y mejorar la infraestructura de servicios en la comuna. ¿Por qué el proyecto no
pasó por la Junta
de la Comuna 8
y directamente es tratado en la
Legislatura ? ¿Por qué no se dan precisiones sobre las
construcciones que se quieren realizar? ¿Qué mecanismos desplegarán para
garantizar que los vecinos que actualmente viven en los barrios del sur, que
serían afectados por este paquete de leyes, no sufrirán las consecuencias de
una valorización que los expulse definitivamente de la ciudad?
Teniendo
en cuenta el recorte de fondos destinados a salud y vivienda, ¿por qué no se
atiende el deterioro de las instalaciones del Hospital Borda? En este sentido,
respecto de la venta del Edificio Del Plata para la construcción del Centro
Cívico, ¿qué pasará con lo terrenos del hospital y los talleres protegidos del
Borda? ¿Por qué se va en contra de la decisión de los trabajadores de la salud
mental del establecimiento y no se busca un consenso con la comunidad del
hospital?
La
declaración de emergencia habitacional, vetada en el año 2009, establece como
prioritario brindar herramientas para resolver el problema de viviendas y que
se garantice el freno a los desalojos y la asignación del presupuesto.
